Los casos de autoridades de elección popular que perdieron sus cargos acosados por los medios

Jorge Yunda se une al club de funcionarios electos que no han podido terminar su mandato debido a la presión mediática. Con él están Jorge Glas, Sofía Espín, cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y de alguna manera también Carlos Luis Morales.

El ahora exalcalde de Quito, Jorge Yunda, cuya destitución se confirmó este 1 de julio de 2021.

La élite quiteña y sus medios finalmente lo lograron: Jorge Yunda ya no es más alcalde de Quito. La popularidad del político, que se elevó durante los meses más duros de la pandemia gracias al desastre de Guayaquil y a que no ocurría nada en la capital, se evaporó.

Mientras que la prensa siguió machacando. De allí el célebre tuit de Yunda contra un “periodista” que no lo dejó ni un minuto en paz. “No hay pauta”, le escribió a Luis Vivanco de La Posta.

Fue el principio de una relación tormentosa con los medios hegemónicos. A eso se suma una administración mediocre y el estallido de casos de corrupción, nada diferente a lo que pasaba con Mauricio Rodas, pero los tiempos políticos cambiaron.

El triunfo de Guillermo Lasso en las pasadas elecciones presidenciales dio impulso a la derecha mediática para asaltar el Municipio de Quito, operación que concluyó este 1 de julio de manera exitosa.

Yunda dice que se va de la política asqueado. Si hubiera sido leal con el proyecto político que lo ungió tal vez otro hubiera sido su destino. Ahora forma parte de la estantería de los trofeos mediáticos, aquellas autoridades de elección popular defenestradas luego de una operación mediática. Estos son los casos:

La caída de Glas dio inicio a la era mediática

Jorge Glas resultó electo como vicepresidente de la República en la misma elección que llevó al poder a Lenín Moreno. Su periodo iba ser desde 2017 a 2021 pero fue defenestrado el 6 de enero de 2018.

Para ello se aplicó la cláusula de abandono del cargo, pues Glas guardaba prisión preventiva lo que le impedía ejercer el cargo.

Nunca lo dejaron defenderse de los cargos de supuesta asociación ilícita en el entramado Odebrecht, un proceso en que la compañía brasileña no fue acusada.

Cuando Glas rompió con Moreno el 3 de agosto de 2017, los medios se pusieron del lado del presidente traidor.  En octubre de ese mismo año se le impuso una orden de prisión preventiva y el Segundo Mandatario se entregó.

Nunca más volvió a salir en libertad. Luego vinieron las condenas por Odebrecht y el caso Singue, que se genera a raíz de un informe de la Contraloría, entidad severamente cuestionada por manejar un entramado de corrupción.

Glas se convirtió en el gran trofeo de Moreno y sus aliados de la prensa. Pese a tener una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está preso en la cárcel de Latacunga, algo de lo que se salvó Jacobo Bucaram, Daniel Mendoza, Daniel Salcedo y el contralor Pablo Celi. Es que ninguno de ellos era enemigo de la prensa.

Destitución de Sofía Espín

Sofía Espín en una sesión del pleno de la Asamblea el 15 de febrero de 2018

En noviembre de 2018 la Asamblea destituyó a la legisladora por Guayas, Sofía Espín, quien se mantuvo leal con la Revolución Ciudadana. Fue acusada por reunirse con una testigo del caso Balda, con quien justamente quería hablar sobre las presiones que sufría.

Ese caso sirvió para emitir la primera orden de detención preventiva contra Rafael Correa. Años después, uno de los testigos del caso Balda, confesó desde Buenos Aires que fue presionado para acusar al expresidente.

Espín sabía eso por lo que fue a la cárcel. Pero a los medios le pasaron los videos de ella en la prisión y surgió el escándalo. No solo perdió su cargo, sino que la Fiscalía le inició un proceso penal que incluyó una orden de detención.

Espín partió al exilio, primero en Bolivia y luego en México. Años después fue sobreseída y actualmente es otra vez asambleísta de Unión por la Esperanza.

Cuatro consejeros que no ejercieron ni dos meses

De izquierda a derecha, los entonces consejeros Walter Gómez, Luis Tuárez y Victoria Desintonio el 13 de junio de 2019.

El 24 de marzo de 2019 por primera vez Ecuador eligió en las urnas a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Aquellos comicios, en los que también se eligieron autoridades locales incluido el propio Yunda, fueron un desastre. El Consejo Nacional Electoral fue acusado de fraude en ciertas jurisdicciones y de no cumplir los plazos para el escrutinio y proclamación del resultado.

Los vocales del CPCCS se posesionaron el 13 de junio de 2019 en la Asamblea y no en mayo como debían. Su principal error fue haber escogido como presidente al sacerdote José Tuárez, quien soltó una serie de desafortunadas declaraciones (como esa de que el solo hablaba con presidentes) y que sirvieron como gasolina para la operación de destrucción de su imagen.

Tuárez fue electo gracias a una mayoría conformada por la vicepresidenta del organismo, Rosa Chalá y los consejeros Walter Gómez y Victoria Desintonio. El mayor pecado lo cometieron en julio cuando intentaron conformar una comisión que analice la elección de la Corte Constitucional que había hecho sus antecesores comandados por Julio César Trujillo.

Fue suficiente para montarles un juicio político en la Asamblea. El 14 de agosto, es decir apenas dos meses después de asumir el cargo, fueron censurados y destituidos.

Tuárez ahora guarda prisión acusado de formar parte de una banda que traficaba cargos en el sector público. Chalá no ejerce la política, mientras que Desintonio y Gómez son hoy asambleístas de UNES.

Es que lo que realmente movió la destitución fue acusar a esta mayoría del CPCCS de “correísta”. La Historia demostró que tenían razón: lo hecho por Trujillo fue un desastre, basta con ver la Contraloría.

Acoso terminó con la vida de Carlos Luis Morales

El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, murió en el ejercicio del cargo el 22 de junio de 2020.

Luego de las semanas más duras de la pandemia se descubrió la enésima trama de corrupción en hospitales del IESS por la compra de insumos médicos con sobreprecio.

Entonces empezó un hambre mediática de escándalo y se revisaron todos los contratos suscritos en aquella época. Se comparaba el precio pagado versus lo que ofreció el mercado, en tiempo actual. 

Es decir, no se tomaba en cuenta que lo que costaba una mascarilla en abril no era lo mismo que meses después. Periodistas de todos los medios sacaban la calculadora, con contrato en mano iban a los distribuidores y si allí le ofrecían un mejor precio cantaban bingo porque tenían un supuesto caso de sobreprecio.

Primero en los medios y luego en la Fiscalía. Así ocurrió con el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Lo acusaron de sobreprecio en la compra de insumos médicos en los medios y luego la Fiscalía asaltó su casa para detenerlo por 24 horas y posteriormente colocarle un grillete electrónico.

Las noticias llegaban todos los días, incluidas acusaciones contra su familia. Morales, que tenía antecedentes cardiacos, no lo soportó y el 22 de junio de 2020 sufrió un infarto que lo mató.

Días antes su tienda política, el Partido Social Cristiano (PSC) lo había abandonado e iniciado un proceso de destitución, lo que nunca terminó por la muerte del prefecto.

Con el fallecimiento el caso se archivó, mientras que la esposa de Morales, que también fue acusada de delitos, fue declarada inocente posteriormente. Por supuesto nunca hubo una disculpa alguna, ni por parte de autoridades estatales ni por la prensa.

Estos son los casos que evidencian los tiempos actuales, cuando los titulares tuercen la voluntad popular.

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