Embajada de Estados Unidos toma partido en la guerra interna de la Policía

En una clara intromisión en asuntos internos, la embajada estadounidense retiró la visa al restituido Víctor Araus y su familia, tras acusarlo de “narcogeneral”.

El general Víctor Araus acudió a la embajada estadounidense en Quito este 15 de diciembre de 2021.

Podría parecer anecdótico o un acto más del imperialismo yanqui, pero en definitiva se trata de otro deterioro del Estado. Porque Ecuador no ha podido hacer valer sus instituciones o lo que es más grave: la independencia de su fuerza pública ha sido sometida a intereses foráneos.

Y eso parece que es lo que ocurre en la guerra interna que padece la Policía ecuatoriana, en plena crisis de seguridad. Para colmo el conflicto cuenta con un nuevo actor: nada más y nada menos que la embajada de Estados Unidos.

Esta novela empieza en agosto de 2021 cuando el presidente Guillermo Lasso promocionó a un grupo de generales de la Policía, mientras que dio de baja a otros. Es la típica promoción, supuestamente basada en méritos, para que los mejores ocupen los cargos directivos de la institución.

No fue favorecido el general Víctor Araus, quien ha tenido una destacada carrera, ya sea al frente de antinarcóticos o de la Dinased, la dirección que combatía las muertes violentas y al crimen organizado. También estuvo por un corto periodo a cargo de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

Conflicto entre Araus y Varela

Tanya Varela (centro), comandante general de la Policía, durante una reunión con generales de la institución.

Pese a su trayectoria Lasso no lo promocionó y cortó su carrera. El presidente basó su decisión en un informe emitido por la comandante general de la Policía, Tanya Varela. En el documento ella menciona una supuesta reunión “por WhatsApp” con el fallecido César Monge cuando este era ministro de Gobierno. Es decir, no hay testigos de aquella “reunión”.

La salida de Araus benefició a familiares de la propia Varela, incluido su marido. Araus no se quedó de brazos cruzados e interpuso una acción de protección contra Varela al considerar que se habían vulnerado sus derechos. Y la ganó.

Ya otra vez como policía en ejercicio la situación de Varela quedó comprometida, peor aún con un contexto que no la ayuda: una crisis de seguridad/penitenciaria que parece no tener remedio.

Así las cosas, la embajada estadounidense intervino a favor de ella. El pasado lunes se publica una entrevista al embajador Michael Fitzpatrick, quien advierte sobre la existencia de “narcogenerales” en Ecuador, a quienes su país les retirará la visa.

El diplomático nunca identificó a estos “narcogenerales” y en el plano formal, el Gobierno emitió un comunicado exigiendo precisiones a la embajada. Y aclaraba que todos los generales en activo contaban con su visa vigente.

Encuadre perfecto

El embajador Michael Fitzpatrick (centro) durante una reunión en Ecuador.

Pero el gobierno filtra a los medios que Fitzpatrick se refería a Araus y el mismo miércoles la embajada lo convoca y le pide que lleve los pasaportes de él y de su familia. La operación estaba en marcha.

Al día siguiente la familia Araus, incluido él, perdían la visa estadounidense. El encuadre quedó perfecto: sin presentar una sola prueba Araus fue tachado de “narcogeneral” por lo que su estadía en la Policía es cuestión de tiempo.

Si la justicia ecuatoriana no acompañó a los intereses de Varela, entonces la embajada estadounidense sí. Pero aquello sienta un precedente nefasto de subordinación por la actuación impune de los norteamericanos, irrespetando todo principio del accionar diplomático.

Porque lo que en la práctica ha hecho Washington es cesar a un general ecuatoriano en activo, sin que apenas el Gobierno proteste. 

El viejo actuar gringo

De acuerdos a los cables diplomáticos del Departamento de Estado revelados por Wikileaks, las embajadas estadounidenses en el Tercer Mundo captan a los mandos policiales y militares. Ya sea a través de viajes, capacitaciones o donaciones (solo hay que ver las cercanísimas relaciones entre la embajada y la fiscal Diana Salazar).

De esta forma, los estadounidenses, en la práctica, tienen control e influencia sobre la fuerza pública y eso les ayuda a perseguir sus intereses, por encima de los vaivenes políticos de los países y de los respetivos mandos civiles.

En esta parte del mundo, los estadounidenses tienen básicamente dos intereses: el control del narcotráfico y de la migración irregular. Para ellos requieren mantener su influencia en la Policía. 

Porque su concepción de la lucha contra el narcotráfico está basada en una doctrina que lleva 50 años de vigencia que ha demostrado su fracaso. Basicamente es que la guerra al narcotráfico se debe realizar en ultramar, nunca en su territorio. Eso garantiza que sea el Sur el que pone los muertos, y ellos las narices que esnifan todas las noches de sábado la cocaína que se produce por estos lares.

Por último la intervención estadounidense representa otro paso más en el camino de Ecuador a convertirse en un Estado fallido. Cuando la justicia intentó resolver un conflicto interno, actuó la embajada para deshacer lo hecho por el juez y hacer prevalecer su voluntad, con la anuencia del Gobierno de turno. 

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