Gobierno Nacional abandona a Guayaquil

La ciudad enfrenta una doble crisis: el aumento de los contagios de Covid-19 y una eterna ola de violencia que resurge con fuerza al inicio del año.

El malecón Simón Bolívar el pasado 18 de enero de 2021 luce vacío debido a la ola de contagios de Covid-19 que sufre Guayaquil.

Este debe ser el peor inicio de año que se recuerde en Guayaquil. El desenfreno de diciembre y el aterrizaje de la variante ómicron han ocasionado un repunte de la pandemia que parecía cosa del pasado.

Otra vez hospitales repletos, pero sin insumos médicos. Largas colas en las farmacias para buscar medicinas que escasean y que son objeto de especulación. Lo mismo en los laboratorios privados que realizan pruebas PCR.

Así el aumento de casos es vertiginoso. En apenas una semana se pasó de 13,1 a 36,1 contagios por cada 10.000 habitantes.  Y aunque la vacunación ha servido para que la ciudad no repita las imágenes de marzo de 2020, el nivel de contagios es tan masivo que igual el número de muertes aumenta.

Si a inicios de diciembre Guayaquil contaba un muerto diario por Covid-19, hoy esa cifra es de 13,4. Pero si se revisan las muertes por todas las causas se notará que hay por lo menos 45 fallecimientos por encima de la cifra normal.

Las unidades de cuidados intensivos (UCI) ya están llenas por lo que los pronósticos para los próximos días son pesimistas. 

Y ¿qué hace el gobierno frente a eso? Negar la crisis. En un acto de ignorancia suprema, el presidente Guillermo Lasso dice que ómicron es una gripe fuerte, que no hay muertos y rechaza rotundamente tomar medidas.

Su ministra de Salud, Ximena Garzón, señala lo mismo. Y su ministra de Educación, María Brown, pretendía retomar las clases presenciales pese a la súplica de los profesores y de que en las escuelas fiscales ni siquiera hay baños.

Pero no solo es la negación, sino que se insiste en políticas de destrucción del sistema de salud público, donde no hay medicinas y hasta se despide personal médico, en plena ola de ómicron.

Es tal el grado de descomposición que el dueño de la principal red de laboratorios privados de Guayaquil aseguraba en una entrevista con Expreso que ómicron es una especie de vacunas. Por supuesto, es que mientras más enfermos hay, él se hará más rico. Teniendo en cuenta que durante más de un año cobró por cada prueba PCR más de USD 70, cuando hoy valen USD 45.

Así la salud pública de Guayaquil queda a su suerte, en manos de mercaderes que aprovechan la desgracia para enriquecerse.

Delincuencia desbocada

Pero la desgracia parece haberse cebado con Guayaquil. Enero de 2022 será recordado como el inicio de año más violento del que tenga memoria esta ciudad. 

Hasta el 21 de enero se cuentan 61 asesinatos solo en Guayaquil. Y esta última semana probablemente es la peor porque se resume así: lunes, un asesinato afuera del centro comercial El Dorado a plena luz del día; martes, un policía es asesinado cuando repele el asalto a un restaurante en Samanes; miércoles, un holandés es asesinado durante un robo en un restaurante del icónico cerro Santa Ana.

Justo una semana antes, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, había recorrido en los medios asegurando que los robos bajaban, y que lo único que aumenta son las muertas violentas. 

Y eso lo atribuye al narcotráfico y la guerra de bandas, por eso, como consuelo asegura que el 80% de los acribillados son personas con antecedentes penales involucrados en el hampa. Como si esa justificación consuela a los padres del niño asesinado mientras tomaba un helado en el sur de Guayaquil.

Tampoco es que se trata de que la delincuencia está desatada por factores exógenos como lo es el consumo y producción de droga en Estados Unidos y Colombia, respectivamente. No, la ciudad paga por el abandono del Gobierno a la seguridad. 

Policías mal pagados, sin entrenamientos, sin equipamiento. Las UPC están destartaladas y abandonadas. Los vehículos están dañados y sin combustible. No hay personal, ni siquiera material de oficina para apuntar en un papel las denuncias de los vecinos. 

Sin tecnología no se puede hacer trabajos de inteligencia, que es la herramienta más efectiva para combatir al crimen organizado. Así lo único que queda es la misma tontería de siempre: armar operativos en las principales vías de la ciudad y detener vehículos para ver si es que por casualidad por allí pasa un delincuente y así detenerlo.

El abandono, tanto en la seguridad ciudadana como en la salud pública (probablemente los dos más importantes deberes del Estado) ocurre cuando el petróleo alcanza su precio récord en 7 años: cada barril está por los USD 85.

No es que no hay plata, sino que quienes lo administran han decidido guardarla en el extranjero en vez de usarla para proteger la vida y salud de las personas. Y esa es una decisión política.

Así Guayaquil camina de puntitas. Sin fuerza pública, sin hospitales públicos y con delincuentes que matan a mansalva y a toda hora. 

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